El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino, junto a 23 legisladores de su bloque, presentó este lunes un proyecto de resolución que declara la neutralidad de la República Argentina ante la guerra de Estados Unidos, Israel e Irán. Esta iniciativa se suma a la presentada días atrás por el diputado Eduardo Valdés, que solicita al gobierno de Javier Milei mantener a Argentina al margen de cualquier conflicto bélico internacional y “abstenerse de realizar movimientos de tropas o asumir compromisos militares sin autorización del Congreso”. Estas propuestas surgen en un contexto de profundización de la crisis diplomática entre Argentina e Irán, provocada por el alineamiento del país con Estados Unidos e Israel en la guerra de Oriente Medio. En este marco, el gobierno argentino declaró terrorista a la Guardia Revolucionaria Iraní y declaró “persona no grata” al encargado de negocios de la embajada iraní en Buenos Aires, ordenándole abandonar el país en 48 horas. La República de Irán, por su parte, condenó “la acción ilegal e injustificada del gobierno argentino” y calificó la decisión de incluir a la Guardia Revolucionaria como “una ofensa imperdonable al pueblo iraní”. Además, Irán señaló que el presidente y el canciller argentino “se han colocado como cómplices de los crímenes cometidos y del lado equivocado de la historia”. El proyecto de Marino, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, establece que Argentina no es parte beligerante en el conflicto y “reafirma la vocación histórica de paz del país conforme a la Constitución Nacional y la Carta de las Naciones Unidas”. Asimismo, la iniciativa ratifica que “América Latina y el Caribe constituyen una zona de paz, de acuerdo con la Proclama de la CELAC de 2014 y la Resolución 41/11 de la Asamblea General de la ONU”. La resolución desautoriza todas las declaraciones y actos del Poder Ejecutivo que posicionaron a Argentina como aliada de una de las partes en el conflicto, “por haberse realizado sin autorización del Congreso, en violación del artículo 75, inciso 25, de la Constitución Nacional, que reserva al Poder Legislativo las facultades en materia de guerra y paz”. Entre los actos desautorizados, Marino incluye los comunicados de Cancillería y de la Presidencia del 28 de febrero, las declaraciones del presidente Javier Milei en la Universidad Yeshiva del 9 de marzo, y las declaraciones del canciller Pablo Quirno y del secretario de Comunicación Javier Lanari sobre la posibilidad de prestar asistencia militar a Estados Unidos. Además, el proyecto intim al Poder Ejecutivo a “abstenerse de cualquier forma de colaboración militar, logística o de inteligencia en el conflicto” y “le solicita que remita al Congreso en un plazo de diez días hábiles copia íntegra de los acuerdos firmados en la Conferencia Anticárteles de las Américas y de la proclamación del Escudo de las Américas”. Por último, dispone la comunicación de la resolución a la ONU, la OEA, la CELAC y los gobiernos de Estados Unidos, Israel e Irán; e invita al Senado de la Nación a pronunciarse en el mismo sentido.
